A estas alturas de la crisis, los que nos hemos interesado
por su devenir, ya tenemos hecho un croquis (siempre provisional) de lo que ha
sucedido y de lo que sucede ahora. No tengo tan claro que sepamos por dónde
tirar ni mucho menos que estemos de acuerdo en lo que hay que hacer.
La solución que ha tomado una U.E. con una hipertrofia de
Alemania, acreedora de todos nosotros, ha consistido en algo muy simple: decirle
a los deudores que ahorren y que paguen; que paguen el capital y, por supuesto,
los intereses que cada vez son más grandes.
Traducido al ciudadano esto quiere decir anteponer el ahorro
a los derechos sociales arduamente conquistados. Es como si una familia tiene
que gastar el 90% de sus ingresos a pagar deudas: ello implica menos ropa,
menos calefacción, menos comida, etc. hasta rozar la miseria.
Son muchos derechos los que estamos cediendo a
regañadientes: una educación de calidad, una sanidad universal, unos derechos
laborales, un derecho a la tutela efectiva de los tribunales, etc.
Especialmente graves, por lo que significan desde el punto
de vista jurídico y político, me parecen:
La Reforma Laboral:
la gravedad de esta ley reside no tanto en la facilidad del despido, que por
supuesto que es muy seria, sino en el cambio de modelo de mediación laboral:
eliminada la negociación colectiva y vinculado el salario a la productividad
implican la vuelta al sindicalismo vertical, es decir un cambio encubierto de la Constitución al
modificar radicalmente la función que los sindicatos tienen asignada en la Carta Magna.
La reforma de la sanidad encauzada hacia el repago y hacia
la privatización de la gestión de determinados servicios. Mientras que lo
privatizado no afecte al núcleo duro de la atención sanitaria, médicos, enfermeros,
auxiliares, camas hospitalarias, …no debería suponer un problema. Convertir el
Sistema Nacional de Salud en un sinfín de empresas que anteponen el negocio a
la calidad es cambiar el modelo constitucional de este sector, concebido para
que todos seamos iguales en trato y tratamiento cuando necesitemos atención médica.
Con el repago farmacéutico habrá personas que se vean en la dificultad de pagar
sus tratamientos.
El repago judicial con las tasas de Gallardón es también un
atentado contra el Derecho a la Tutela
Efectiva al encarecer de manera injusta y clasista el uso de la Justicia.
En el fondo, asistimos, no como dicen algunos, a un atentado
al Estado del Bienestar, sino a un asalto al Estado a secas, o si queremos, en
el caso español, un atentado al “Estado Social y de Derecho”.
Puedo admitir, no sin patalear y sin echar espuma por la
boca, que, coyunturalmente, por mor de las deudas y el déficit, temporalmente
nos restrinjan los aludidos derechos consagrados en la Constitución, pero no
puedo admitir que esos mismos derechos queden en entredicho estructuralmente,
porque eso significa un cambio de modelo de estado.
La política de recortes, en la práctica, es la suspensión de
derechos civiles y sociales, es como un estado de excepción, casi un golpe de
estado pues provoca por vía de decreto y de avasallamiento cambios en la Constitución.
Si sometemos a referéndum, tal y como propone La Cumbre Social, la política de
este gobierno basándose en que no cumple su programa, ¿qué puede suceder?
Lo más probable es que digan que no, porque ya sabemos que
los que gobiernan, en general, son poco partidarios de la democracia. Siendo así,
la iniciativa servirá para concienciar y para agitar. No está mal.
En el remoto caso de que dijeran que sí, tendríamos un
problema más serio de lo que parece.
En primer lugar, probablemente, la misma mayoría absoluta
que los votó les volvería a dar su aval. La derecha social está de acuerdo con
los recortes, las privatizaciones o la limitación de la justicia. Sólo
discrepan en la subida de impuestos.
En segundo lugar, si la política descrita más arriba está
suponiendo una suspensión de la
Constitución por la vía de los hechos consumados, si el referéndum
bendice dicha política puede significar que consagra la pérdida cuasi
definitiva de esos derechos.
Francamente, no estoy dispuesto a que se pregunte a nadie si
quiere una sanidad pública, universal y “gratuita” (no repagada), si quieren
unas relaciones laborales sin negociación colectiva, si quieren una justicia
repagada y cara, etc. porque eso es una conquista de los ciudadanos en la que
no podemos ceder ni un ápice.
No creo que el referéndum sea la solución. Creo que ésta ha
de llegar desde los partidos de izquierda, que deben trascender la crítica y deben plantear alternativas realmente factibles que, contando con las
dificultades reales, propongan medidas concretas de salida de esta situación sin
dar ni un paso atrás, o por lo menos, que los que se den sólo sean
provisionales.
Pero para eso hace falta una renovación de la estructura representativa de los partidos, y eso ya es otro tema que dejo para otro día.
Pero para eso hace falta una renovación de la estructura representativa de los partidos, y eso ya es otro tema que dejo para otro día.
