¿REFERENDUM SOBRE LOS RECORTES?

A estas alturas de la crisis, los que nos hemos interesado por su devenir, ya tenemos hecho un croquis (siempre provisional) de lo que ha sucedido y de lo que sucede ahora. No tengo tan claro que sepamos por dónde tirar ni mucho menos que estemos de acuerdo en lo que hay que hacer.

La solución que ha tomado una U.E. con una hipertrofia de Alemania, acreedora de todos nosotros, ha consistido en algo muy simple: decirle a los deudores que ahorren y que paguen; que paguen el capital y, por supuesto, los intereses que cada vez son más grandes.

Traducido al ciudadano esto quiere decir anteponer el ahorro a los derechos sociales arduamente conquistados. Es como si una familia tiene que gastar el 90% de sus ingresos a pagar deudas: ello implica menos ropa, menos calefacción, menos comida, etc. hasta rozar la miseria.

Son muchos derechos los que estamos cediendo a regañadientes: una educación de calidad, una sanidad universal, unos derechos laborales, un derecho a la tutela efectiva de los tribunales, etc.

Especialmente graves, por lo que significan desde el punto de vista jurídico y político, me parecen:

La Reforma Laboral: la gravedad de esta ley reside no tanto en la facilidad del despido, que por supuesto que es muy seria, sino en el cambio de modelo de mediación laboral: eliminada la negociación colectiva y vinculado el salario a la productividad implican la vuelta al sindicalismo vertical, es decir un cambio encubierto de la Constitución al modificar radicalmente la función que los sindicatos tienen asignada en la Carta Magna.

La reforma de la sanidad encauzada hacia el repago y hacia la privatización de la gestión de determinados servicios. Mientras que lo privatizado no afecte al núcleo duro de la atención sanitaria, médicos, enfermeros, auxiliares, camas hospitalarias, …no debería suponer un problema. Convertir el Sistema Nacional de Salud en un sinfín de empresas que anteponen el negocio a la calidad es cambiar el modelo constitucional de este sector, concebido para que todos seamos iguales en trato y tratamiento cuando necesitemos atención médica. Con el repago farmacéutico habrá personas que se vean en la dificultad de pagar sus tratamientos.

El repago judicial con las tasas de Gallardón es también un atentado contra el Derecho a la Tutela Efectiva al encarecer de manera injusta y clasista el uso de la Justicia.

En el fondo, asistimos, no como dicen algunos, a un atentado al Estado del Bienestar, sino a un asalto al Estado a secas, o si queremos, en el caso español, un atentado al “Estado Social y de Derecho”.

Puedo admitir, no sin patalear y sin echar espuma por la boca, que, coyunturalmente, por mor de las deudas y el déficit, temporalmente nos restrinjan los aludidos derechos consagrados en la Constitución, pero no puedo admitir que esos mismos derechos queden en entredicho estructuralmente, porque eso significa un cambio de modelo de estado.

La política de recortes, en la práctica, es la suspensión de derechos civiles y sociales, es como un estado de excepción, casi un golpe de estado pues provoca por vía de decreto y de avasallamiento cambios en la Constitución.

Si sometemos a referéndum, tal y como propone La Cumbre Social, la política de este gobierno basándose en que no cumple su programa, ¿qué puede suceder?

Lo más probable es que digan que no, porque ya sabemos que los que gobiernan, en general, son poco partidarios de la democracia. Siendo así, la iniciativa servirá para concienciar y para agitar. No está mal.

En el remoto caso de que dijeran que sí, tendríamos un problema más serio de lo que parece.

En primer lugar, probablemente, la misma mayoría absoluta que los votó les volvería a dar su aval. La derecha social está de acuerdo con los recortes, las privatizaciones o la limitación de la justicia. Sólo discrepan en la subida de impuestos.

En segundo lugar, si la política descrita más arriba está suponiendo una suspensión de la Constitución por la vía de los hechos consumados, si el referéndum bendice dicha política puede significar que consagra la pérdida cuasi definitiva de esos derechos.

Francamente, no estoy dispuesto a que se pregunte a nadie si quiere una sanidad pública, universal y “gratuita” (no repagada), si quieren unas relaciones laborales sin negociación colectiva, si quieren una justicia repagada y cara, etc. porque eso es una conquista de los ciudadanos en la que no podemos ceder ni un ápice.

No creo que el referéndum sea la solución. Creo que ésta ha de llegar desde los partidos de izquierda, que deben trascender la crítica y deben plantear alternativas realmente factibles que, contando con las dificultades reales, propongan medidas concretas de salida de esta situación sin dar ni un paso atrás, o por lo menos, que los que se den sólo sean provisionales. 

Pero para eso hace falta una renovación de la estructura representativa de los partidos, y eso ya es otro tema que dejo para otro día.